Se incrementa de 300.000 a 500.000 euros la inversión inicial para la conservación y uso de los bienes culturales integrantes del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Arquitectónico
El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha presentado la línea de subvenciones aprobada por la Diputación de Granada para mantener y mejorar el patrimonio arqueológico de la provincia. Como principal novedad, la institución provincial incrementa hasta el millón de euros, en caso de necesidad, la inversión total para la conservación y uso de los bienes culturales integrantes del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Arquitectónico, tanto de naturaleza inmueble como mueble, mediante acciones que mejoren su estado y posibiliten su conocimiento, difusión, promoción y reconocimiento. Por tanto, la dotación económica inicial asciende de 300.000 a 500.000 euros respecto a años anteriores, pudiendo llegar al millón de euros si las solicitudes así lo requieren.
Esta convocatoria es una nueva apuesta de la Diputación de Granada para la recuperación del rico legado patrimonial presente en nuestro territorio provincial, con la finalidad de que el deber legal se convierta en herramienta para combatir el despoblamiento de nuestras zonas rurales mediante el uso público de los bienes culturales.
Podrán ser beneficiarios los municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Granada con población inferior a 20.000 habitantes que tengan en propiedad bienes culturales integrantes del patrimonio arqueológico, paleontológico y arquitectónico o que tengan autorización, contratos o documentos de cesión de uso con una duración mínima de 5 años, en caso de bienes muebles, o de 10 años, en caso de bienes inmuebles.
Como novedad en este año, con las mismas condiciones expuestas en el párrafo anterior, también podrán ser beneficiarios los Municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes que hayan experimentado tasa de crecimiento demográfico negativo (pérdida poblacional) en el periodo de los últimos 10 años, para que sea representativo de la masa poblacional residente en un municipio y no distorsione los resultados por movimientos migratorios puntuales.
