La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, presentó ayer la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social e informó de que este plan actuará en Granada en 13 zonas de nueve municipios con población vulnerable y en las que residen más de 122.000 personas.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, detalló que las zonas en las que se actuará serán los barrios de Cuevas de Guadix, El Barranco y La Cañada (Atarfe), Cuevas de Baza (Baza), Santa Ana (Fuente Vaqueros), Distrito Norte y Santa Adela (Granada capital), , Las Cuevas (Huéscar), La Peña (Iznalloz), Alcazaba y Alfaguara (Loja). También en la Huerta Carrasco, San Antonio-Ancha y Varadero-Santa Adela, en Motril, y las barriadas de Las Flores, Las Cuevas y Cerro Fáquila de Pinos Puente.

“A nivel regional, la Junta de Andalucía destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma”.

La estrategia arranca en 2018 con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención.

La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros. Con respecto a la primera de estas convocatorias, la provincia de Granada recibe en 2018 para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir más de 3,8 millones de euros.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía explicó que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”, indicando además que “la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.

Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria”.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria.

También incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales.

Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas para alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.

La Estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.

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