El Gobierno aprobó el pasado viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros Extraordinario el conocido como ingreso mínimo vital.
Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros.
Se estima que puede llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, sugiriendo que el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.
Se ha trasladado que el objetivo es reducir en un 80% la pobreza extrema en España y en consecuencia se habla de haberse fijado un umbral para cada tipo de hogar –que dependerá del número de miembros, y con un complemento adicional para las familias monoparentales.
Las cuantías de la prestación oscilarán entre unos 460 euros al mes en 12 pagas –el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo–y 1.000 euros al mes en 12 pagas, algo menos que el salario mínimo interprofesional.
Para acceder a la prestación, se deberá acreditar situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España con algunas excepciones (solicitantes de protección internacional, víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular).
Aquí están relatados o dispuestos algunos interrogantes:
