Ayer se aprobaba en el Congreso con una mayoría amplia (excepción hecha de los votos de Vox y PNV) una ley pionera en el mundo y que entre otras cosas responde a las exigencias que hiciera en su momento el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
La ley, tiene que pasar todavía por el Senado y de ella destaca entre e otras cosas que pretende cambiar de paradigma al considerar que la violencia hacia la infancia no se circunscriba al ámbito privado sino al público. Puede estar, publicada definitivamente para junio y estos son algunos de los cambios que a falta de mejoras que se pueden introducir aún ocurriera tras su vigorización.
Tendrán más tiempo para denunciar
La ampliación de la prescripción de los delitos graves, entre ellos, los abusos sexuales. No empezará a contar El tiempo hasta que la víctima cumpla 35 años o sea que según la gravedad de los hechos, podrán denunciar hasta los 50 años.
Una sola declaración
La ley pretende convertir en excepción la declaración reiterada. Para ello establece como obligatoria la prueba preconstituida para menores de 14 años y con discapacidad, que solo tendrá que realizar una única narración, en la fase de instrucción,
Testimonio reforzado
Aspira a blindar el derecho a ser escuchados «sin límite de edad», la ley insiste en que se debe garantizar que sean escuchados en espacios adaptados y por profesionales y con metodologías especializadas.
Se impedirán (salvo excepciones) las visitas en casos de violencia de género
La ley no cierra estrictamente la prohibición de las visitas entre menores y padres investigados por violencia de género, pero sí prevé impedirlas.
Los padres no podrán tener la patria potestad en los casos de asesinatos. Garantiza que estos niños y niñas sean atendidos psicológicamente aunque sus madres no hayan interpuesto una denuncia, pero estén siendo asistidas en servicios especializados de violencia machista.
A sus madres no se les podrá aplicar el SAP
El uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP), no avalado por organizaciones científicas, estará vetado
Colegios y centros deportivos y ocio tendrán protocolos contra la violencia
Estas instituciones deberán contar con protocolos contra el abuso, el maltrato, el acoso o la violencia, contando con figuras como el «coordinador de bienestar» (educativos) o el «delegado de protección» (deportivos)
Los menores en centros de protección tendrán mecanismos de denuncia
En los centros de protección de menores de edad también será obligatoria la puesta en marcha de protocolos específicos y se crearán mecanismos de queja y denuncia.
Obligación de la ciudadanía de comunicar, si se sufre violencia
Se establece la obligación de comunicar las situaciones de violencia hacia niños o niñas que advierta cualquier persona, aun cuando no sea un delito.
Refuerza su buen trato por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Las familias tendrán apoyo para promover la “parentalidad positiva”
Se obliga a las Administraciones Públicas a promover campañas de sensibilización contra la violencia hacia los menores de edad, aprobando planes y programas de prevención en ámbitos, como el familiar y promoviendo la «parentalidad positiva», que se refiere a una crianza primando el interés por el menor, en entornos afectivos y que favorezcan su desarrollo.
