“Desde 2003 hasta hoy: 1074 mujeres ssesinadas, 1494 huérfanos y huérfanas, 106 hijos e hijas asesinados y asesinadas”

Las personas menores de edad son las más vulnerables e indefensas en los entornos de violencia machista. Son también las más ignoradas y maltratadas por el sistema. Solo un 2,9% de las medidas de protección dictadas sobre casos de violencia machista en 2018 incluían la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores con sus hijos e hijas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

La vivencia del maltrato por razones de género y, en mayor medida, la experiencia de un feminicidio, resulta demoledora para niños y niñas en muchos sentidos. Les puede acarrear graves consecuencias a lo largo de toda la vida, no solo a causa de las acciones de los agresores machistas, también por la violencia ejercida por la administración que denuncian.

A menudo “se olvida que estas niñas y niños no son meros testigos de la violencia machista sino víctimas”, apunta la fiscal de violencia de género de Valencia, Rosa Guiralt. Pueden ser las vidas sobre las que se descarga la violencia vicaria –las agresiones o asesinato de niños y niñas para infligir daño a las madres–, o el arma que los agresores machistas utilizan, aprovechando la desprotección de los menores, para matar en vida a las mujeres. 

Desde 2013, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha registrado 37 niños y niñas asesinadas, de las cuales 31 –el 91%– lo fueron por sus padres biológicos. 

Combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño irreparable como el asesinato de su hijos e hijas, sufrimiento físico, sexual o psicológico y económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

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