Los Presidentes y Presidentas de los Gobiernos Provinciales, reunidos en la IV Conferencia de Presidentes, celebrada en la ciudad de Granada los días 14 y 15 de febrero de 2019, suscriben conjuntamente la siguiente declaración:

1. Constatamos que las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulars, como gobiernos locales intermedios, siempre han interpretado, y continúan haciéndolo en la actualidad, un papel protagonista en la vertebración y cohesión del territorio, asistiendo a los municipios y asegurando a los ciudadanos la recepción de servicios de calidad. Reafirmamos ahora nuestro compromiso con el interés público, manifestado en una voluntad decidida de adaptación permanente de nuestras entidades a una realidad en constante cambio, impulsando la transparencia y una actuación eficiente, con el objetivo final de lograr una mejora de la calidad de vida y del bienestar de las personas.

2. Sostenemos que la principal función de las diputaciones provinciales, como parte integrante que son de un verdadero sistema de gobierno local que las vincula al resto de entidades locales, es proporcionar la asistencia jurídica, técnica y económica que requieren los municipios, así como cooperar con ellos. En la realidad de nuestro mapa municipal, esta labor de asistencia y cooperación se erige frecuentemente en la mejor garantía de la autonomía y la democracia municipales, en tanto que permite completar la capacidad de gestión de los municipios, especialmente en el caso de aquellos de pequeño tamaño, asegurándoles así un adecuado ejercicio de sus competencias, una satisfactoria prestación de los importantes servicios que tienen encomendados y la necesaria rendición de cuentas a sus vecinos. De esta manera, la actividad de las diputaciones provinciales, realizada de un modo diferenciado para permitir su adecuación a una realidad diversa, es un factor clave para la consecución de retos de tanta relevancia social como son la lucha contra la despoblación del medio rural y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con independencia de que residan en una zona rural o urbana. Contribuyendo, así, al mantenimiento de un territorio equilibrado y sostenible. Para la consecución de estos objetivos, los Gobiernos locales intermedios apuestan decididamente por la adopción de medidas dirigidas al impulso de las nuevas tecnologías y el freno de la exclusión financiera que padecen los pequeños municipios, asegurando la adecuada prestación en todo el territorio de los servicios de interés público que mejoren la calidad de vida de las personas, fomenten la actividad económica y, en definitiva, procuren el necesario equilibrio demográfico y territorial. Los Gobiernos locales intermedios como las diputaciones, cabildos y consells insulars constituyen el escalón de Gobierno intermedio más apropiado, por tradición, experiencia, diseño y capacidad, para articular la intermunicipalidad.

3. Afirmamos la necesidad de la existencia de un nivel intermedio en el  Gobierno local que complemente el municipal. Reivindicamos que el legislador, teniendo en cuenta las peculiaridades del mundo local, remueva los obstáculos normativos que dificultan la labor de los Gobiernos locales intermedios y que les atribuya competencias en cantidad y calidad suficientes, a título de competencias propias, de manera que estén efectivamente en condiciones de poder decidir y poner en práctica políticas propias. En este sentido, es preciso dotar a las diputaciones provinciales de los medios materiales y personales que se requieran para el buen ejercicio de dichas competencias. Hacemos hincapié, en especial, en la prioridad de asegurar un nivel óptimo de profesionalización y capacitación técnica de los empleados públicos, exigencia ineludible en un contexto de rápida transformación tecnológica y de creciente demanda de especialización. La falta de capacidad de gestión que pueda existir en el nivel municipal, solamente podrá ser cubierta con unos Gobiernos locales intermedios dotados de una capacidad de gestión propia suficiente.

4. Reivindicamos un nuevo marco de financiación, no solamente para los Gobiernos locales intermedios, sino para el conjunto del sistema local de Gobierno, incluidos los municipios. La efectividad de las competencias depende de la garantía de su financiación. En otras palabras, recordamos que el aseguramiento de los recursos económicos necesarios constituye un elemento indisociable del reconocimiento de las competencias: la falta o insuficiente financiación se traduce en la vulneración del principio de suficiencia financiera y, de este modo, también del contenido competencial de la autonomía provincial. Por ello, cualquier proceso de actualización de las diputaciones provinciales que se pretenda acometer y quiera ser coherente, en el actual contexto de superación de la crisis económica, deberá abordar tanto el aspecto competencial como el financiero, y, complementariamente, deberá tener presente la dimensión institucional, esto es, su incidencia en la forma de gobierno provincial. Proceso de actualización en el que, como no puede ser de otro modo, deben estar presentes, desde el momento inicial, como personajes destacados, las propias diputaciones provinciales y el resto de Gobiernos locales intermedios, con el objeto de poder enriquecer el debate con la aportación de su conocimiento y la perspectiva de su interés. En todo caso, los cambios que se introduzcan en el marco financiero local, dentro del contexto más amplio de la reforma del sistema de financiación de conjunto de Administraciones territoriales, deberán tener en cuenta la existencia de economías de escala y diseñar la distribución de los fondos públicos atendiendo al imprescindible equilibrio entre los criterios poblacionales y los territoriales.

5. Renovamos nuestro compromiso de mantener y reforzar la cooperación entre los Gobiernos locales intermedios, con la finalidad de compartir y divulgar estrategias de promoción, conocimiento e información, así como optimizar los recursos propios de cada territorio. Somos conscientes de que, junto a los municipios, las diputaciones provinciales, así como los cabildos y los consejos insulares, integran el nivel de Gobierno local, y manifestamos nuestra voluntad de seguir colaborando con los demás niveles territoriales de Gobierno, incluido el europeo, para el impulso y la consolidación de cuantas mejoras sociales y económicas redunden en beneficio de los ciudadanos.

Granada, a 15 de febrero de 2019.

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