La Diputación de Granada ha aprobado una resolución sobre medidas y líneas de actuación frente a la COVID-19 que prevé el escenario de entrada de la provincia en la fase 1 de la desescalada a partir de hoy y que tiene como objetivo minimizar los riesgos y proteger la salud de los trabajadores. 

Según establece la resolución, en esta fase se produce la reincorporación gradual a los centros de trabajo de las personas imprescindibles y en particular del personal que ocupe puestos de especial responsabilidad en la institución. Se trata de directores generales, jefes de servicio y similares, así como del personal del servicio de prevención y salud laboral. 

El objetivo del personal, junto al desempeño de sus funciones habituales, es el relativo a la preparación de la reincorporación del resto del personal de sus centros, servicios y delegaciones de cara al desempeño de las tareas presenciales. Por tanto, en esta primera fase se desarrollarán los trabajos necesarios para una adecuada adopción de las medidas preventivas marcadas por el Servicio de Prevención y Salud laboral de la Diputación de Granada así como aquellas otras instrucciones y protocolos que pudieran dictar las autoridades sanitarias, para salvaguardar la seguridad y salud de las empleadas y empleados públicos.  

La reincorporación presencial del personal a sus centros de trabajo se va a producir de manera “gradual y progresiva”. Para ello, se están teniendo en cuenta tanto las necesidades del servicio, como el marco normativo de aplicación y el plan de contingencia por riesgo biológico COVID-19 que deberá aprobarse para cada delegación u organismo, en función del riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan. “La reanudación de la actividad no esencial de carácter presencial debe guiarse por el principio de minimización del riesgo.

Está previsto también que las modalidades de trabajo no presenciales puedan, puntual o periódicamente, compatibilizarse con modalidades presenciales de prestación del servicio para facilitar la incorporación gradual, mediante turnos, de las empleadas y empleados públicos minimizar los riesgos para la salud de los empleados y empleadas públicas. En cualquier caso se sigue priorizando la prestación del trabajo en modalidades no presenciales hasta alcanzar la fase de “nueva normalidad”.

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