Izquierda Unida Granada ha presentado en los consistorios de la provincia una moción en defensa de las competencias de las entidades locales en la gestión de la Dependencia. En la rueda de prensa celebrada en la localidad accitana, la máxima dirigente de IU en la provincia, Mari Carmen Pérez, ha esbozado que “necesitamos incrementar la financiación adecuada de este servicio público y la mejora de las condiciones de las trabajadoras del sector, además de simplificar la burocracia que tanto perjudica a la mayoría social”. 

Según han subrayado, “Moreno Bonilla está siendo el sepulturero de este servicio público, vital para nuestros vecinos y vecinas, y que su Gobierno, bajo la excepcionalidad del Covid, ha maniobrado una modificación exprés de la Ley y, por ende, del propio Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía”.

Desde la formación de izquierdas han instado a la Junta a que “devuelva las competencias a los servicios sociales comunitarios en materia de Dependencia”, precisando que se lleve a cabo “tal y como las definía nuestra Ley de Servicios Sociales”. Pérez ha reivindicado ante los medios locales que “solicitaremos tanto en ayuntamientos como en Diputación que esas competencias retiradas vuelvan otra vez a los servicios públicos”. Además, “solicitaremos la simplificación de la burocracia para dejar de perjudicar a la mayoría social”.

Las listas de espera aberrantes para solicitar el servicio, ha explicado Pérez, “llega a los 180 días en Andalucía y a este dato debemos sumar los 621 días de retraso que deben esperar los solicitantes para que se conceda la Ley de Dependencia”. Así, “las cifras son devastadoras, puesto que en Andalucía hay 85 fallecimientos diarios de personas que no han llegado a disfrutar del derecho a estos servicios”. “Necesitamos, por tanto, que se agilicen los procedimientos que define la propia Junta para las resoluciones de situaciones de Dependencia”. 

Por otro lado, la coordinadora y diputada provincial, ha reivindicado el trabajo desempeñado por las profesionales de los Servicios de Ayuda a Domicilio, “trabajadoras a las que no se les considera personal sociosanitario a pesar de las tareas especializadas que desempeñan en su trabajo con personas muy vulnerables”. Por ello, ha instado a que se incluyan a las trabajadoras de este servicio público como personal sociosanitario, a lo que ha sumado “la necesidad de proporcionar de forma urgente el acceso a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la pandemia”.

En último lugar, han rescatado la situación de “precariedad” en la que se encuentran estas mujeres, “por lo que instamos al Gobierno de Bonilla a que se incremente el coste por hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros”.

“A pesar de la privatización sin freno que está siendo orquestada por el Ejecutivo andaluz, con el apoyo y la colaboración del actual Gobierno de Coalición de Unidas Podemos seguiremos luchando desde la provincia y desde todas las administraciones para conseguir garantizar la Ley de Dependencia en Andalucía”, ha apostillado Pérez.

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