El activista e investigador social Antonio Tejada y La Ciudad Accesible redactan y coordinan el ‘Informe de inclusión educativa para los docentes sordos de Andalucía ante la situación de la COVID-19’ que consta de 37 páginas y que ya tienen las autoridades competentes, así como sindicatos, asociaciones y otras instituciones de interés para resolver este conflicto que afecta no solo a los maestros y profesores sordos, sino también a la totalidad de sus alumnos y compañeros de trabajo de los centros educativos, al alumnado con discapacidad auditiva, así como a los propios padres y madres de alumnos sordos, o madres y padres que puedan también tener certificada una discapacidad auditiva.

En total son 35 los docentes sordos que aparecen y participan en este informe que suscriben y avalan, habiéndose celebrado para su desarrollo tres encuentros de trabajo en la sede de La Ciudad Accesible y una semana de elaboración posterior de cuestionarios con las partes implicadas, para contribuir de esta manera propositiva y realista a la resolución de los conflictos laborales y de Derechos Humanos surgidos a raíz de esta problemática que no solo afecta a docentes con discapacidad auditiva de Andalucía, sino de todo el país, ya que los problemas y barreras detectadas son las mismas e idénticas las necesidades, así como las posibles soluciones a estas carencias de accesibilidad para desempeñar su trabajo con calidad y normalidad.

Se indica en el informe que se debe trabajar desde las autoridades competentes de Educación, por una escuela pública, privada y concertada en España de todos y para todos, que no excluya a sus alumnos ni tampoco a sus docentes. 

Además, señala que estas reivindicaciones no son capricho del colectivo de personas con discapacidad, sino que todo lo que se propone en este informe son medidas que están amparadas ampliamente por la normativa vigente y tienen marco jurídico.

Dejar a los docentes sordos atrás en esta crisis que ya también es educativa, es dejar a su alumnado también atrás, y eso una sociedad civilizada no se lo puede permitir.

Esta problemática afecta a miles de familias ya que no sólo están implicados docentes sino también sus alumnos, los cuales se verán afectados por la calidad de la enseñanza recibida y de las consecuencias que puede tener si no se adaptan correctamente los puestos de trabajo de los docentes sordos de manera urgente, principalmente para garantizar que los alumnos reciban correctamente los contenidos de sus currículas formativas y no se vean afectados por una falta de accesibilidad gravísima en el entorno laboral y en los propios centros educativos. De hecho, también se le va a enviar a la Fiscalía General del Estado a través del Fiscal de Sala de la Coordinadora de las Personas con Discapacidad y Mayores en Situación de Vulnerabilidad que vela por la protección de los derechos de las personas con discapacidad al ser un sector social muy expuesto a discriminaciones y vulneraciones. 

El informe se ha hecho llegar a la Consejería de Educación, al Consejo Escolar de Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo a nivel nacional, a presidencia de la Junta, a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía (PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox), al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como al propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido como CERMI, su homólogo en Andalucía –CERMI Andalucía-, a la Unión Andaluza de Entidades de Personas Sordas (UNASORD) y a la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (Asogra) y los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, ANPE y FSIE.

También se ha enviado a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (CONFEDAMPA) y a la Federación Provincial Granadina de Asociaciones de de Padres y Madres (FAMPA) por lo que supone esta realidad a la que se tienen que enfrentar la comunidad educativa con discapacidad auditiva en la actualidad, a consecuencia de no abordar con la suficiente antelación las adaptaciones necesarias que se debían haber implementado meses atrás, ya que se preveían las barreras que se podían ocasionar, principalmente las relacionadas con la comunicación y las personas sordas.

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