Tras la abultada derrota del Gobierno, el Ministerio de Hacienda ha reculado y anuncia que va a impulsar en las próximas semanas un nuevo Real Decreto-ley para que las Entidades Locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso. 

Por ese motivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que recuperará las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos. Medidas que se incluyeron en el Real Decreto-ley 27/2020, que no fue convalidado, y que el Gobierno considera prioritario implementar para garantizar que los municipios sigan prestando servicios públicos de calidad. 

Así, Hacienda está comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. También apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras. 

Con esta nueva iniciativa, el departamento que dirige María Jesús Montero muestra su apoyo a los municipios y mantiene la estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones locales. 

Regla de gasto 

Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. 

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. 

Hacienda recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. 

E incluso permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. 

Se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas. 

Otro aspecto fundamental que se recuperará en este nuevo decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones. 

Así como se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020. 

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria. 

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