Por Ana María Rey Merino.

Hoy lunes 7 de noviembre de 2016 se cumple un año de la Marcha contra las violencias machistas que reunió en las calles de Madrid a cientos de miles de personas. Desde entonces, las víctimas mortales han sido más de media centena, y son la punta del iceberg del sufrimiento de cientos de miles de mujeres. La Plataforma Feminista 7N ha realizado un balance de lo que ha pasado con las nueve reivindicaciones por las que nos manifestamos.

  1. Que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de estado.

La Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha bajado de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015, al denegar protección policial a 2 de cada 3 de las 129.193 denunciantes, considerándolas sin ningún riesgo, y al 80% de las restantes con bajo riesgo de agresión. El presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2 millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.

  1. Aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, y reformar la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.

La parálisis del Parlamento no es excusa, pues el Convenio de Estambul es aplicable desde hace dos años, para combatir la violencia eliminando la desigualdad, incluir todas las formas de violencia (no sólo la de pareja), crear servicios especializados a víctimas de agresiones sexuales y proteger a todas las víctimas sin discriminación por raza, lengua, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, estado civil, estatuto de emigrante o de refugiada.

  1. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha.

En el verano de 2016 decenas de miles de personas se han manifestado contra las agresiones sexuales. Las protestas se producen tras los repugnantes hechos que año tras año se repiten en las Fiestas de San Fermín con abusos y agresiones sexuales.

Un centenar de municipios ya han tomado conciencia y han dispuesto anuncios, cursos de autodefensa y para implicar a peñas, bares, comercios y asociaciones contra esta forma de violencia, y se han definido protocolos de actuación rápida y teléfonos de urgencia.

  1. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia en la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

Así lo establecen el Convenio de Estambul y las Observaciones del Comité CEDAW, sin respuesta.

Según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas por conocidos. Hasta el Consejo del Poder Judicial reconoce que las agresiones sexuales son una asignatura pendiente. Sigue sin presentarse un Plan Estatal de Acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos, con medidas de prevención y atención especializada.

  1. Implicación de todas las instancias de gobierno en la prevención y erradicación de las violencias machistas y en la asistencia y reparación a todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de su situación administrativa.

La desprotección de las víctimas es violencia institucional. Aumentan los asesinatos de mujeres, incluso cuando estaban hospitalizadas recuperándose de otro intento de asesinato, o que habían interpuesto denuncia y se determinó que no había riesgo, dejándolas sin protección. Otras son víctimas de parejas con armas y sin evaluación y seguimiento, o de denuncias cruzadas y revictimización.

  1. Que el acento se ponga en la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, facilitándoles salidas de recuperación vital, económica y social.

Sólo 1.007 mujeres víctimas de violencia tuvieron en 2015 un contrato laboral con bonificación de 50 a 125 €/mes de la cuota empresarial, el 0,8% de las 129.193 denunciantes, y solo 679 el subsidio de desempleo de 426 €/mes por 6 a 18 meses del artículo 27 de la Ley de Violencia. Son mínimas las ayudas para vivienda e insuficiente la ayuda a su recuperación sicológica y empoderamiento.

  1. Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.

En 2015 la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) pidieron a los gobiernos planes de acción contra la violencia de género en la escuela y sus alrededores, con medidas de prevención, protección y rendición de cuentas, y presentaron un informe sobre acoso verbal y sexual, abusos sexuales, castigos corporales, intimidación y discriminación por motivos estéticos, de orientación sexual, discapacidad o etnia, practicados entre ‘iguales’ o por personal de la escuela Pero en nuestro país se siguen incumpliendo los artículos 4 al 9 de la Ley 1/2004 contra la violencia de género y con la LOMCE tampoco se imparte educación sexual.

  1. Que los medios de comunicación visibilicen las diferentes violencias machistas, sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas.

Que apliquen los puntos 19 y 27 de las Observaciones del CEDAW a España con una estrategia integral contra los estereotipos de género en la educación, los medios de comunicación y la publicidad; con promoción de la igualdad de género en los programas y en la formación del profesorado, y con educación sexual y reproductiva adaptada a la edad de niñas y niños, en el plan de estudios ordinario y obligatorio.

  1. Eliminación de la custodia compartida impuesta. Supresión del régimen de visitas y de la patria potestad sobre menores a los maltratadores condenados.

La guarda y custodia compartida de los hijos e hijas ha pasado del 10,5 % en 2010 al 24,6 % de los separados en 2015, y crecen las que son judicialmente impuestas, sobre todo en Aragón y la Comunidad Valenciana, que han aprobado leyes que la imponen en los divorcios sin acuerdo entre los progenitores. En la petición unilateral de guarda y custodia compartida prevalecen intereses económicos para no otorgar el domicilio familiar o no pagar pensiones. Las consecuencias representan, en muchos casos, una forma de violencia hacia las mujeres, y graves perjuicios a los niños y niñas.

Un maltratador o un abusador sexual nunca puede ser un buen padre. Según datos oficiales, en 2015 solo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han suspendido las visitas, y sólo el 0,4% la patria potestad, lo que da idea de la falta de formación en género y de la violencia institucional, amparada en informes de psicólogos que aducen el anticientífico SAP (síndrome de alienación parental) para privar de guardas y custodias a madres o mantener las visitas de maltratadores.

Por todo este suspenso en las políticas contra todas las formas de violencia contra las mujeres, esta tarde participaré en la concentración convocada.

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