Manifiesto 25 de noviembre 2021

El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su víctima número 1.000 en España. Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas –de enero de 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019– pero que, más allá de la fría cifra, pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de una lacra social que antes y después ya había segado y seguiría segando muchas vidas.

Así empieza el Informe sobre los 1.000 primeros casos de Víctimas Mortales por Violencia de Género en España realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020.

Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex – parejas. El año 2020 cerró con 45 mujeres asesinadas. De estos 45 casos, un 20 % tuvieron lugar en Andalucía, siendo ésta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinatos. 

En lo que va de año se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y niños, para hacer daño a sus madres. Una violencia que nos rompe como sociedad, aún más si cabe.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género surgió en respuesta a esta grave situación y recogía un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la Violencia de Género, así como la protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas, las mujeres que residen en el ámbito rural

En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. Se siguen invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias familiares y en la pesca, las relaciones de género son menos igualitarias, los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la hora de acudir a los recursos de su localidad. 

El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la violencia de género en los pequeños municipios.

Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y a sus demandas, nos comprometemos con sus reivindicaciones, y trabajamos con la finalidad de buscar la erradicación de la violencia de nuestros territorios y mejorar la atención integral a víctimas en el medio rural. Para ello, entendemos imprescindible:

  • Visibilizar el papel de las Diputaciones contra la violencia de género en todas las instancias en las que trabajan junto a otras administraciones locales, reforzando sus competencias y reconociendo el trabajo que, durante décadas, vienen realizando. 
  • Exigir una distribución geográfica racional de los recursos especializados en base a criterios de densidad de población, nivel de aislamiento, o inexistencia de otros recursos alternativos, así como la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y menores, de carácter multidisciplinar.

Las Diputaciones de Andalucía, nos comprometemos a:

  • Reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural, favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción socio – laboral, con el fin de facilitar sus procesos de salida de la violencia.
  • Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de género. 
  • Fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural: social, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial, para disminuir los índices de victimización secundaria.
  • Apoyar la implementación de la ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, concebida con el propósito de sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres del sector agrario y mejorar su independencia económica, pero que continúa siendo “la gran desconocida”. Como ejemplo, un dato: de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes en España, solo 804 tienen titularidad compartida. 
  • Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas, como pueden ser las de mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad está vinculada al territorio y que trabajan o viven en zonas aisladas.
  • Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios de hasta 20.000 habitantes, con un compromiso de sostenibilidad.
  • Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad destinados a la atención a las víctimas de la violencia de género.
  • Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen la responsabilidad social frente a la violencia de género en los pequeños municipios.

Con motivo del 25 de noviembre, las Diputaciones andaluzas revalidamos nuestro compromiso con las víctimas, con la sociedad y con el futuro, y no vamos a dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

Porque somos conscientes que la violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. 

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